octubre 23, 2020

Salud mental: el recorte atentó contra usuarios del servicio y profesionales

Por el ajuste presupuestario a nivel nacional se eliminó la atención que recibían familias de barrios vulnerables y dejó sin trabajo a psicólogos y trabajadores sociales. Provincia dispuso un monto para el acceso a remedios, que es cuestionado por abarcar sólo “a una cantidad reducida” de pacientes.

Desde que el Gobierno nacional comunicó en septiembre la noticia sobre la degradación del Ministerio de Salud al rango de secretaría, dentro de Desarrollo Social, numerosos actores de la sanidad alzaron su voz en contra, argumentando que esto traería aparejado un recorte presupuestario para lo que, se supone, es vital para la población, agregando lo simbólico de la acción en cuestión. El Ejecutivo argumentó su decisión en una cuestión de ahorro para afrontar la crisis económica, aunque descartó que las prestaciones médicas fueran a ser afectadas.
La objeción a la medida no tardó en quedar justificada luego de la aparición de numerosas denuncias por recortes en varios programas nacionales con los que contaban las provincias, entre las que se incluye Corrientes. El caso que tomó mayor relevancia en esta jurisdicción fue el de la baja de la atención en salud mental para algunos barrios vulnerables en la Capital, la cual se daba mediante unos ocho profesionales que fueron despedidos y que aún no pudieron cobrar sus sueldos desde febrero.
Como consecuencia de esto, vecinos de varios barrios como el Anahí, el Pirayuí, el San Antonio Este y sus adyacencias, quedaron sin la posibilidad de recibir atención primaria en materia de salud mental, una labor que realizaban psicólogos y trabajadores sociales en conjunto con las escuelas y otras instituciones de cada comunidad. “Recibíamos todo tipo de demandas tanto de chicos como de adultos, y no sólo hacíamos atenciones individuales, sino también grupales como en el caso de los colegios”, habían contado los profesionales afectados.
El recorte alcanzó a unos 88 psicólogos y trabajadores sociales en la región y, además de la gravedad de haber generado desempleo, significó un retroceso en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, una legislación que en líneas generales apunta a la desestigmatización de los usuarios, a partir de alejarse del paradigma manicomial.