Desde su sanción en 2010, se incluyó en las atenciones a trabajadores de otras disciplinas y los pacientes son consultados como cualquier sujeto de derecho. Insisten en el pedido del órgano de revisión y
de cambios en los hospitales.
El
lunes pasado se cumplieron nueve años de la sanción de la Ley Nacional
de Salud Mental Nº 26.657. La normativa fue diseñada por colectivos de
profesionales de varios ámbitos de la salud, así como los propios
usuarios, con el objetivo de cambiar el paradigma manicomial con el que
se venía concebiendo las políticas públicas en torno a esta temática.
Así,
la idea es ir modificando dicho pensamiento a partir de una
reestructuración progresiva de los hospitales psiquiátricos para
hacerlos centros de salud polivalentes que contengan sistemas de
atención comunitaria y que, a la vez, se respeten los derechos de los
pacientes. Para el logro del objetivo específico de la transformación de
los nosocomios se estableció el plazo de 10 años para todo el país.
Durante
este tiempo, en Corrientes se registraron avances paulatinos que se
fueron dando, en gran parte, gracias a la militancia de diversos
sectores afines a la salud mental, incluyendo aquí a psicólogos,
psiquiatras, trabajadores sociales y, por supuesto, los propios
usuarios. Las estructuras manicomiales están transformándose a pasos de
tortuga, y aún resta concretar el órgano de revisión para que exista un
control del cumplimiento de la legislación en la provincia. Sin embargo,
es posible destacar el empoderamiento que la aplicación de ley generó
no solo a los pacientes, sino también a profesionales que no son médicos
y que se sentían excluídos de las decisiones con respecto a la salud
mental.
“La ley vino a cambiar un paradigma que ponía a la salud
mental como territorio exclusivo del poder médico hegemónico”, señaló a
El Litoral la psicóloga Mariana Repetto. La profesional se desempeña en
el Hospital de Día del San Francisco de Asís y desde allí colabora con
el tratamiento de los usuarios a partir de estrategias que nada tienen
que ver con el encierro, como por ejemplo la creación de una biblioteca.
Para
Repetto, la normativa 26.657 no solamente dio lugar a otras
disciplinas, sino que permitió también “que la opinión de los usuarios
sea tenida en cuenta a la hora de efectuar un tratamiento”. “La persona
ahora conoce sus derechos, sabe que puede elegir si quiere ser internada
en un lugar o si quiere recibir cierta medicación; y si no quiere, se
buscan alternativas”, detalló.
En la misma línea se expresó la
trabajadora social Paula Sanabria, quien comentó a este medio que la
aprobación de la ley significó “poder abrir un camino para reivindicar
nuestro lugar dentro de la salud”, ya que ahora “integramos equipos
interdisciplinarios y hacemos guardias activas en el hospital, cosa que
antes era imposible”. Con respecto a los usuarios, destacó el hecho de
que “ahora no solo son tenidos en cuenta ellos, sino también sus
familias”. “Sin ir más lejos, en las últimas elecciones fueron a votar,
que es algo que les corresponde”, añadió Sanabria.
Debe
Así
como se logró el empoderamiento, en la provincia y en el país todavía
queda mucho trabajo por hacer para conseguir el cumplimiento efectivo de
la ley 26.657. Tanto Repetto como Sanabria coincidieron en que la falta
del órgano de revisión en Corrientes es uno de los aspectos más
urgentes por resolver. Sobre todo porque el proyecto de ley para su
creación fue presentado en la Legislatura en abril de 2018 y aún no ha
sido tratado.
“Los diputados con los que hablamos se comprometieron a
revisar el tema, sobre todo porque el proyecto caducaría luego de los
dos años. Insistiremos hasta que sea tratado”, afirmó la trabajadora
social.
Por otro lado, Repetto hizo hincapié en la necesidad de
profundizar en la transición hacia los hospitales polivalentes, la
inclusión de gabinetes de salud mental en los nosocomios generales, y
una mayor asistencia al trabajo comunitario en los barrios.