diciembre 15, 2019

A casi 10 años de su aprobación, la Ley de Salud Mental empodera a usuarios y profesionales

Desde su sanción en 2010, se incluyó en las atenciones a trabajadores de otras disciplinas y los pacientes son consultados como cualquier sujeto de derecho. Insisten en el pedido del órgano de revisión y 
de cambios en los hospitales.

El lunes pasado se cumplieron nueve años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. La normativa fue diseñada por colectivos de profesionales de varios ámbitos de la salud, así como los propios usuarios, con el objetivo de cambiar el paradigma manicomial con el que se venía concebiendo las políticas públicas en torno a esta temática.
Así, la idea es ir modificando dicho pensamiento a partir de una reestructuración  progresiva de los hospitales psiquiátricos para hacerlos centros de salud polivalentes que contengan sistemas de atención comunitaria y que, a la vez, se respeten los derechos de los pacientes. Para el logro del objetivo específico de la transformación de los nosocomios se estableció el plazo de 10 años para todo el país.
Durante este tiempo, en Corrientes se registraron avances paulatinos que se fueron dando, en gran parte, gracias a la militancia de diversos sectores afines a la salud mental, incluyendo aquí a psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y, por supuesto, los propios usuarios. Las estructuras manicomiales están transformándose a pasos de tortuga, y aún resta concretar el órgano de revisión para que exista un control del cumplimiento de la legislación en la provincia. Sin embargo, es posible destacar el empoderamiento que la aplicación de ley generó no solo a los pacientes, sino también a profesionales que no son médicos y que se sentían excluídos de las decisiones con respecto a la salud mental.
“La ley vino a cambiar un paradigma que ponía a la salud mental como territorio exclusivo del poder médico hegemónico”, señaló a El Litoral la psicóloga Mariana Repetto. La profesional se desempeña en el Hospital de Día del San Francisco de Asís y desde allí colabora con el tratamiento de los usuarios a partir de estrategias que nada tienen que ver con el encierro, como por ejemplo la creación de una biblioteca.
Para Repetto, la normativa 26.657 no solamente dio lugar a otras disciplinas, sino que permitió también “que la opinión de los usuarios sea tenida en cuenta a la hora de efectuar un tratamiento”. “La persona ahora conoce sus derechos, sabe que puede elegir si quiere ser internada en un lugar o si quiere recibir cierta medicación; y si no quiere, se buscan alternativas”, detalló.
En la misma línea se expresó la trabajadora social Paula Sanabria, quien comentó a este medio que la aprobación de la ley significó “poder abrir un camino para reivindicar nuestro lugar dentro de la salud”, ya que ahora “integramos equipos interdisciplinarios y hacemos guardias activas en el hospital, cosa que antes era imposible”. Con respecto a los usuarios, destacó el hecho de que “ahora no solo son tenidos en cuenta ellos, sino también sus familias”. “Sin ir más lejos, en las últimas elecciones fueron a votar, que es algo que les corresponde”, añadió Sanabria.

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Así como se logró el empoderamiento, en la provincia y en el país todavía queda mucho trabajo por hacer para conseguir el cumplimiento efectivo de la ley 26.657. Tanto Repetto como Sanabria coincidieron en que la falta del órgano de revisión en Corrientes es uno de los aspectos más urgentes por resolver. Sobre todo porque el proyecto de ley para su creación fue presentado en la Legislatura en abril de 2018 y aún no ha sido tratado.
“Los diputados con los que hablamos se comprometieron a revisar el tema, sobre todo porque el proyecto caducaría luego de los dos años. Insistiremos hasta que sea tratado”, afirmó la trabajadora social.
Por otro lado, Repetto hizo hincapié en la necesidad de profundizar en la transición hacia los hospitales polivalentes, la inclusión de gabinetes de salud mental en los nosocomios generales, y una mayor asistencia al trabajo comunitario en los barrios.