octubre 30, 2020

La defensa pedirá la caducidad definitiva de la causa

La defensa pedirá la caducidad definitiva de la causa

Tras casi seis meses sin presentaciones del denunciante, la Defensoría de Pobres y Ausentes solicitará la caducidad de la orden de desalojo, se estima que los plazos se cumplieron y terminaría por completo en julio. Además, gestionarán un plan de mejoras para el predio donde habitan más de 100 familias.

A poco más de un año de la toma de terrenos en el barrio San Roque, la Defensoría de Pobres y Ausentes alista el pedido de nulidad de la causa que pide el desalojo de las familias que se asentaron allí. Desde esta dependencia judicial entienden que debe darse de baja ya que lleva varios meses sin actividad.

La defensora de las familias, Nora Maciel dijo que “presentamos varios urgimientos y no tuvimos respuesta de la jueza y entendemos que la parte denunciante no realizó ninguna acción porque si no nos tendrían que haber notificado”.
En este mismo sentido, desde la justicia indicaron que el plazo de caducidad de este tipo de expedientes es de seis meses, tiempo que está próximo a cumplirse. Al respecto, Maciel comentó que “en poco tiempo vamos a pedir que nos informen sobre el estado de todas las presentaciones hechas y en julio pediremos seguramente la nulidad”.
De esta manera, tras más de un año de litigio entre la Comuna que denunció y las más de 100 familias que tomaron el terreno llegaría a su fin. Por este conflicto y la incertidumbre, los okupas se mantuvieron durante varios meses viviendo en refugios muy precarios de madera o incluso de plástico y lona.

Urbanización
Dentro de la presentación que realizó la defensa se encuentra un pedido especial de asistencia y obras de infraestructura en el predio tomado que se encuentra en las calles Valentín Alsina y Neruda. A partir de la posible caducidad de la causa, alistan también un nuevo pedido en este sentido.
Al respecto, Nora Maciel adelantó que “estamos viendo la posibilidad de presentar un nuevo expediente, de manera independiente, para que esas familias puedan vivir en buenas condiciones y tengan la posibilidad de mejorar su situación”, resaltó la funcionaria.

El reclamo se da ante la imposibilidad de las personas que tomaron el lugar de gestionar de manera formal la conexión a las redes de agua y líneas eléctricas, por no contar con la documentación pertinente. Por ello, muchas familias aún continúan, a más de un año de la toma, sin acceder a estos servicios básicos ni a otras condiciones mínimas de salubridad. En este sentido, preocupa sobre todo la importante cantidad de niños que habitan en el lote en cuestión.