septiembre 24, 2021

Denuncian que la Policía no hizo cumplir medida judicial en la toma del 17 de Agosto

Se cumplen cuatro meses de la toma del terreno en el 17 de Agosto, donde decenas de familias se asentaron en carpas, argumentando no tener otro lugar donde vivir. El proceso judicial parece haberse estancado luego de las denuncias pertinentes realizadas por el dueño del predio, que apunta a la Policía por el incumplimiento de la medida de no innovar y el evidente crecimiento que tuvo la toma.
En diálogo con Radio Mitre, el abogado querellante, Rubén Leiva comentó que “hicimos una denuncia en la fiscalía correspondiente por incumplimiento del deber de funcionario público”. La acusación apunta directamente a la jefatura de la comisaría 18 del barrio 17 de Agosto, quien tiene a su cargo la vigilancia del terreno tomado en agosto. En este sentido, el letrado opinó que “se liberó la zona para que continúe el asentamiento”.
La querella argumenta que la medida de no innovar no fue respetada, ya que los okupas construyeron nuevas casillas de madera y cuentan con electricidad en el predio, mientras que rige aún la prohibición de hacer ingresar al lugar cualquier tipo de materiales.
Además, indicaron que realizaron el reclamo correspondiente ante la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), por la conexión eléctrica que fue hecha por los okupas hace varias semanas, mediante la cual iluminaron parte del terreno. “Queremos que cese el enganche de la energía eléctrica”, expresó Leiva.
Respecto de la situación judicial de la toma, los denunciantes se mostraron molestos por las demoras que se dieron durante el proceso, sobre todo por el cambio de Juzgado. En este sentido, el abogado recordó que “el Juzgado N° 2 se declaró incompetente hace tres semanas y es la jueza del N°6 la que debería dar la orden de desalojo”.
Por su parte, el dueño del terreno, Masumi Tsukamoto expresó su malestar por la situación. De esta manera, dijo que “no quiero pasar por mi terreno usurpado porque me hace mal”. Asimismo, indicó que “los vecinos me avisaron que habían instalado postes de luz y cableado”.
Preocupados por la falta de definición judicial, los querellantes se mantienen firmes en el pedido de desalojo del terreno, argumentando, entre otras cuestiones, que los okupas están llevando adelante una maniobra de especulación y no se trata de una necesidad habitacional real. Al respecto, reiteraron que “no hay casi nadie viviendo ahí, son sólo unas cinco familias”.
Vale recordar también que se produjo hace aproximadamente un mes un recambio en el terreno, donde varias familias abandonaron sus casillas y su lugar fue ocupado por otros grupos de personas que ahora habitan allí.