agosto 18, 2018

Efecto Pérez Volpin: el oscuro negocio de las guardias médicas “low cost” y los prestanombres

La muerte de la periodista puso al sistema de salud bajo la mira. Qué sucede durante las guardias y por qué la situación es preocupante.
La muerte de Débora Pérez Volpin dejó en evidencia un sinfín de irregularidades que tienen lugar en los hospitales y clínicas privadas de la Argentina. La necesidad de abaratar costos, la mafia de los prestanombres y la flexibilización laboral de la mano de los médicos residentes: un cocktail insalubre para cualquier paciente. Qué pasa durante la noche en las guardias y por qué la situación es preocupante.
Débora Pérez Volpin falleció en febrero mientras le realizaban una endoscopía en La Trinidad.
“Si vas a una clínica privada o a un hospital de noche no te va a atender un médico, te va a atender un residente”, advierte a BigBang un jefe de una importante terapia intensiva, que solicitó resguardar su identidad por temor a represalias. “Los que hacen las guardias son médicos residentes, recibidos, pero todavía en proceso de formación. ¿El motivo? Salen mucho más baratos”, suma.

En efecto, un médico profesional cobra, en promedio, diez mil pesos la noche de guardia. En cambio, el sueldo de un residente es de doce mil y suele realizar en promedio diez guardias mensuales. Así, en vez de pagarle 100 mil pesos a un especialista, las clínicas y hospitales optan por abaratar costos y pagarle sólo el diez por ciento a médicos con menor experiencia.

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“La residencia, en promedio, dura tres o cuatro años. Es un tiempo de práctica y tiene que ser supervisado. Son médicos recibidos, pero en proceso de formación todavía. Pueden ejercer, pero supervisados y eso no sucede durante las guardias”, señala la fuente.

Aunque la presencia de residentes no es ilegal, de hecho está contemplada por la ley, el negocio para abaratar costos no cumple con muchos de los requisitos establecidos por la Resolución Nº 748 del año 2014.

La ley establece que las guardias deben ser supervisadas por profesionales y eso no ocurre.
En la misma se establece que la unidad de guardia deberá “estar cubierta por un médico propio y exclusivo de la unidad durante las 24 horas del día”. El mismo, deberá cubrir entre ocho y doce horas para asegurar “la continuidad de la asistencia de los pacientes internados”.

El resto del tiempo, los médicos asistenciales contratados deberán tener “características de guardia”, con la base de un médico cada siete camas. ¿El problema? Para abaratar costos, la tendencia es sumar a los residentes a ese cupo. Es decir: si una guardia tiene 30 camas, debe contratar al menos cuatro médicos para cubrir la atención.

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“Lo que están haciendo es contemplar a los residentes como parte de ese cupo de médicos, algo que es ilegal. Pueden estar en la guardia, pero la ley establece que los residentes no pueden contemplarse en esa ecuación”, destaca.

La ley es contundente. “Las guardias curriculares implementadas por programas de residencia deben estar supervisadas por médicos de planta y de guardia pertenecientes a la unidad y no ser contadas como guardias regulares de la unidad”.

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Quienes deben supervisar a los residentes deben ser “médicos especialistas en terapia intensiva” o “médicos con título de especialistas en disciplinas afines que demuestren un entrenamiento permanente en cuidados intensivos”. En el segundo caso, “los médicos de guardia deben tener una supervisión permanente dentro de los 30 minutos de un médico coordinador de la unidad”.

Además, la ley establece que “los médicos de guardia de la unidad que no sean especialistas en terapia intensiva sean reconvertidos a especialistas en un término de cinco años”.

La práctica de abaratamiento de costos se extiende en hospitales públicos y clínicas privadas, por la que los pacientes pagan cuotas mensuales altísimas. En promedio, el plan básico de las principales prepagas en el país cuesta hasta los 30 años $3508 por mes. Un lujo que pocos se pueden dar, teniendo en cuenta que el salario básico es de $9500. En efecto, la cuota representa el 36 por ciento del mínimo vital y móvil.

El costo de los planes privados
Precio Osde (Plan 210): $3453
Precio Swiss Medical (Plan SMG20): $3048
Precio Galeno (Plan 330): $3282
Precio Medicus (Plan Celeste Advance 6J): $3864
Precio Medifé (Plan Oro): $3896

La jefatura de las terapias intensivas es otro de los negocios redondos de algunos profesionales. Según lo establecido por la ley, deben ser dirigidas por un “médico con certificación de especialista en Terapia Intensiva” y deberá cumplir “como mínimo seis horas diarias y no menos de 36 mensuales”.

¿El problema? Según pudo constatar BigBang, hay muchos médicos que, en la actualidad, dirigen más de una terapia intensiva, tornando imposible el cumplimiento del requisito mínimo de las 36 horas mensuales requeridas por la ley.

“Es una ecuación matemática simple. Un profesional no puede dirigir cuatro terapias intensivas, porque eso lo obligaría a trabajar como mínimo 144 horas al mes. Lo que hacen es firmar planillas y delegar el trabajo en otros, una práctica antiética e ilegal”.

La mafia de los prestanombres

Otra de las cuestionadas prácticas en las clínicas y hospitales es la de los “prestanombres”. “Como no llegan a cumplir con la demanda, porque no contratan a la cantidad de personal necesaria, lo que se hace es que un médico firma un estudio determinado, pero en realidad lo realizan los residentes”, denuncia la fuente.

La práctica, según el abogado civil especializado en daños Gustavo Levigurevitz, “no es ilegal, pero sí habitual”. “El médico principal siempre responde por el dependiente y, en el caso de que exista una mala praxis, no se exime a ninguno de los dos”, destaca el letrado.

Así comunicó La Trinidad la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin.
“El médico principal delega la responsabilidad de un tratamiento bajo el principio esencial de la confianza. Este tipo de metodología se da tanto en establecimientos públicos, como privados. Sin diferencias”, suma.

Según el abogado, la práctica se da más en los hospitales públicos. “Generalmente los profesionales de renombre concurren un par de horas, para luego dedicarse a sus prácticas privadas, pero siguen siendo responsables de su equipo”.

Es decir, en caso de que se incurra a una mala praxis en el tratamiento del paciente, todas las partes quedan involucradas: el residente que realizó el estudio, el médico que lo firmó y la propia clínica y hospital.